Resumen. El descubrimiento de un vencimiento omitido obliga al agente de la propiedad industrial o al abogado a determinar qué posición jurídica quedó afectada y qué actuaciones permiten conservar los intereses del cliente. A partir de ese problema, el trabajo examina la relación entre las consecuencias del incumplimiento y los fundamentos disponibles para su subsanación. El análisis articula los regímenes especiales de propiedad industrial con las normas del procedimiento administrativo y del proceso civil, y considera la fuerza mayor y sus exigencias probatorias. La comunicación al cliente y al asegurador se sitúa entre las primeras actuaciones posteriores al incidente. Finalmente, se estudia cómo el resultado de las medidas adoptadas incide en la determinación del daño y de la responsabilidad profesional, y qué consecuencias se desprenden para la organización del control de vencimientos.
Palabras clave: Propiedad industrial; plazos; subsanación; fuerza mayor; responsabilidad profesional.
I. El descubrimiento de la omisión y las primeras decisiones
En un estudio unipersonal o pequeño, el abogado o el agente de la propiedad industrial suele ocuparse tanto de los asuntos profesionales como del funcionamiento cotidiano de la oficina. En medio de las consultas y los imprevistos de una jornada, un vencimiento puede pasar inadvertido. La actuación también puede quedar pendiente porque el cliente no responde a los recordatorios o no remite las instrucciones necesarias. A veces basta un correo de un colega o una notificación administrativa para advertir que el plazo transcurrió sin que se realizara el acto previsto. A la preocupación inicial le sigue una pregunta urgente: qué hacer a partir de ese momento. Este artículo examina esa situación en el derecho argentino y las decisiones que debe adoptar el profesional para preservar los intereses que le fueron confiados.¹
El descubrimiento de la omisión abre dos cuestiones relacionadas. Una concierne al derecho del cliente y a las posibilidades de conservarlo. La otra se refiere a la conducta profesional y a la eventual responsabilidad por lo ocurrido. La respuesta a esta última depende, en parte, de cómo se atienda la primera ya que una actuación oportuna puede permitir la recuperación del trámite o limitar el perjuicio. Por esa razón, la evaluación de responsabilidades debe desarrollarse junto con las medidas destinadas a evitar que la situación se agrave.
El punto de partida es reconstruir el expediente. Esa reconstrucción comprende las constancias de notificación y de presentación, así como las instrucciones intercambiadas con el cliente. Cuando faltó una respuesta de este último, interesa conocer qué información recibió sobre el vencimiento y sus consecuencias, y qué actuación dependía de sus instrucciones. La cantidad de recordatorios enviados adquiere sentido dentro de esa relación profesional y del encargo asumido.
La información al cliente forma parte de esta primera respuesta. Los arts. 1324 y 1325 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) obligan al mandatario a comunicar las circunstancias relevantes para la ejecución del encargo y los conflictos de intereses. Una vez identificada la omisión, corresponde explicar qué sucedió y qué consecuencias se conocen, distinguiéndolas de aquellas que dependen de la decisión sobre el remedio que se intente. La comunicación debe permitir que el cliente decida sobre las actuaciones propuestas y la continuidad de la representación. Cuando esa decisión involucra la responsabilidad del propio profesional, el asesoramiento independiente permite evaluar el asunto sin dejar su apreciación exclusivamente en manos de quien intervino en el incidente.
II. Determinar qué se perdió y qué puede conservarse
La fecha anotada en la agenda debe contrastarse con el régimen de cómputo y con la eficacia de la notificación. En el procedimiento administrativo, la Ley 19.549 exige informar los recursos disponibles y sus plazos; la omisión de los recaudos legales afecta la validez y eficacia de la notificación. También debe verificarse el medio habilitado para presentar el acto. El art. 25 del Decreto 1759/72 excluye el plazo de gracia del art. 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) en las plataformas que permiten cargar documentación durante las veinticuatro horas. Aplicar a esas presentaciones el margen previsto para otras modalidades puede llevar a considerar tempestivo un acto ya vencido.⁴
Confirmado el vencimiento, la calificación de su efecto permite precisar el objeto de una eventual recuperación. La caducidad sustancial extingue el derecho no ejercido y se encuentra sujeta a la regla del art. 2567 del CCyC sobre la falta de suspensión e interrupción de sus plazos, con las excepciones legalmente previstas. La preclusión afecta una facultad procesal dentro de un procedimiento que puede continuar. La caducidad administrativa por inactividad responde a presupuestos específicos: el art. 1 bis, inc. k, de la Ley 19.549 exige una paralización imputable al interesado y una intimación previa. La exigencia de intimación previa depende, por tanto, de que concurran los presupuestos de la caducidad por inactividad. La consecuencia de un incumplimiento específico debe establecerse conforme al régimen del acto omitido.⁵
El mantenimiento de los derechos muestra la importancia práctica de esa calificación. Una renovación marcaria omitida puede todavía presentarse dentro de los seis meses de gracia, con el arancel correspondiente. El mismo período se admite para renovar modelos y diseños industriales. En patentes y modelos de utilidad, el art. 62, inc. c, de la Ley 24.481 concede ciento ochenta días para abonar las anualidades pendientes y contempla una excepción por fuerza mayor. La diferencia entre meses y días incide directamente en el cómputo. Si ese tiempo adicional sigue abierto, la actuación debe encauzarse por el mecanismo de cumplimiento tardío que ya prevé el régimen especial.⁶
La identificación del acto omitido también evita atribuir a cualquier falta de pago una consecuencia uniforme. En materia marcaria, la presentación tardía de la declaración jurada de uso está sujeta a una tasa extraordinaria; la caducidad por falta de uso depende de los presupuestos del art. 26 de la Ley 22.362. Para una solicitud de patente, el art. 27 de la Ley 24.481 dispone su desistimiento cuando transcurren dieciocho meses desde la presentación sin que se abone el examen de fondo. Por ello, la existencia de un período de gracia para anualidades solo resuelve el incumplimiento al que esa previsión se refiere. La conservación de una solicitud afectada por otra omisión necesita un fundamento aplicable a ese acto.⁶
El vencimiento de la prioridad obliga a examinar qué protección puede obtenerse con la fecha que aún sea posible conservar. El Convenio de París establece doce meses para patentes y modelos de utilidad, y seis meses para marcas y diseños industriales. Su art. 4.C.3 extiende el término hasta el primer día laborable siguiente cuando el último día es legalmente feriado o la oficina no abre para recibir solicitudes. Agotado el plazo aplicable, corresponde evaluar una solicitud sin prioridad frente a los antecedentes intermedios. La estrategia se dirige entonces a establecer la viabilidad de esa nueva posición jurídica y el alcance de la protección que podría obtenerse.⁷
Dentro de ese examen debe individualizarse una situación que a menudo queda comprendida bajo la expresión general «problema de prioridad»: la falta de acreditación documental de una prioridad oportunamente invocada. Aquí la cuestión es si el defecto documental admite subsanación conforme a sus reglas propias. La facultad estatal de establecer la rehabilitación de patentes, contemplada en el art. 5 bis.2 del Convenio de París, tiene otro alcance y necesita instrumentación en el derecho interno. La posibilidad de recuperar el trámite depende, por tanto, de identificar con exactitud cuál de esas cargas quedó incumplida.⁷
La misma forma de análisis sirve cuando se pierde una oportunidad de defensa. La oposición marcaria debe formularse dentro de los treinta días corridos desde la publicación. Su presentación extemporánea queda fuera de esa oportunidad procedimental. La eventual nulidad del registro deberá apoyarse en las causales y presupuestos de la acción correspondiente. Con la Resolución INPI 583/2025, que reserva determinadas prohibiciones relativas al planteo de terceros, la vigilancia del boletín adquiere especial relevancia para ejercer oportunamente esa defensa. Una vez omitida la oposición, el trabajo profesional consiste en establecer qué fundamento subsiste para cuestionar el registro por las vías que correspondan.⁸
Una oposición presentada en término exige un nuevo examen si la omisión se produce durante su tramitación. Para las solicitudes de marcas nuevas ingresadas desde el 1 de marzo de 2026 rige la Resolución INPI 297/2026; las solicitudes anteriores mantienen el régimen previo. En el nuevo procedimiento, el oponente dispone de quince días hábiles improrrogables para pagar el mantenimiento. El solicitante tiene otros quince días hábiles para contestar y abonar el arancel de resolución, cuya falta determina la denegatoria de la solicitud. La fecha de presentación de la marca permite identificar el régimen aplicable; dentro de él, deben examinarse por separado la actuación escrita y el pago. Haber cumplido una de esas cargas deja pendiente el análisis de la otra.⁹
Para establecer si ese plazo efectivamente transcurrió, puede ser necesario resolver una controversia sobre el efecto de un pedido de vista. En este procedimiento, el art. 7 del anexo de la Resolución 297/2026 niega efecto suspensivo al pedido de vista. El art. 1 bis, inc. g, apartado vii, de la Ley 19.549 atribuye ese efecto a la solicitud de acceso a las actuaciones para los plazos allí comprendidos y excluye los de prescripción. Este trabajo sostiene que la restricción reglamentaria resulta objetable por apartarse de la suspensión establecida legalmente. En un expediente donde se hubiera solicitado vista, ese argumento debe plantearse de manera expresa. La posibilidad de que el INPI aplique el término reglamentario obliga a prever la impugnación de la decisión que lo haga efectivo.¹⁰
Los acuerdos entre representantes deben examinarse con el mismo cuidado respecto de su efecto temporal. El art. 6 del anexo permite, por única vez, una interrupción conjunta de treinta días hábiles durante la etapa de argumentos finales para acudir a mecanismos alternativos de solución. Esa posibilidad está sujeta a la presentación oportuna del escrito conjunto y a la acreditación del inicio del mecanismo elegido. Un acuerdo documentado permite establecer qué solicitaron las partes y si lo hicieron en las condiciones reglamentarias. Su aptitud para modificar el curso del plazo deriva de esa previsión y de su cumplimiento.¹¹
Ese examen incluye la prueba. El art. 4 del anexo concentra su ofrecimiento y producción en los escritos principales, bajo forma documental o instrumental. La imposibilidad de acompañar una prueba debe manifestarse en esa misma oportunidad para que sea evaluada. La eliminación de una etapa autónoma de producción, destacada por Bruchou & Funes de Rioja, vuelve necesario anticipar la obtención de documentos que dependan de terceros o del titular extranjero. Los enlaces electrónicos deben identificar con precisión el contenido invocado y permitir su acceso. Para el profesional que advierte la omisión, importa establecer qué elementos ingresaron al expediente y qué posibilidad subsiste de acreditar los hechos de su defensa. La continuidad formal del procedimiento puede coexistir con una pérdida probatoria relevante.¹²
El resultado de este diagnóstico delimita el trabajo siguiente. Cuando existe un mecanismo específico de cumplimiento tardío, corresponde utilizarlo dentro de su término. Cuando la oportunidad aparece agotada, el intento de recuperación debe explicar por qué el ordenamiento permite admitir el acto o revisar la consecuencia atribuida a su omisión.
III. Construir el fundamento jurídico de la recuperación
La petición de subsanación debe vincular el defecto concreto con una norma que permita corregirlo. En los trámites ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), las normas especiales se integran con la Ley 19.549 y su reglamento según sus reglas de aplicación directa y supletoria. El informalismo del art. 1 bis, inc. e, permite subsanar exigencias formales no esenciales que puedan cumplirse posteriormente. Para fundar una petición en ese principio, debe explicarse por qué la corrección conserva el objeto de la solicitud y respeta la situación de terceros. La tutela administrativa efectiva y la buena fe contribuyen a examinar la validez de una decisión que atribuye efectos extintivos a un defecto susceptible de corrección.¹³
La utilidad y el límite de ese argumento pueden apreciarse en «Apple Inc. c/ INPI». La Sala II confirmó la denegatoria porque la respuesta a una observación había alterado elementos esenciales del signo. En su voto concurrente, Gusman examinó la diferencia con «Frito Lay», relativo a traducciones presentadas sin determinados recaudos de certificación. Completar la autenticación de documentos ya incorporados permite mantener su contenido. La modificación del signo alcanza la identidad de la solicitud. El criterio obliga a precisar qué se pretende subsanar; su aplicación a una actuación extemporánea exige, además, considerar la consecuencia que la norma específica asigna al vencimiento.¹⁴
A partir de allí puede formularse la cuestión probatoria de la recuperación. El profesional necesita acreditar tanto los hechos que explican la omisión como su relevancia para el remedio solicitado. Si invoca fuerza mayor, el art. 1730 del CCyC establece como referencia el hecho que no pudo preverse o que, previsto, no pudo evitarse, y equipara sus efectos a los del caso fortuito. La petición debe demostrar la imposibilidad concreta de cumplir y su relación causal con el evento. Un error de agenda o la sobrecarga habitual de trabajo remiten, en principio, a la organización profesional. Ante una interrupción técnica, adquieren relevancia su duración y la disponibilidad de medios alternativos razonables.¹⁵
La discusión surgida durante la emergencia sanitaria permite apreciar esa exigencia. Quadrio, Bensadon, Hoss y Pérez Junqueira propusieron acudir a los principios generales y a la aplicación supletoria del CPCCN para atender los impedimentos derivados de la pandemia en los trámites ante el INPI. La notoriedad del acontecimiento explica el contexto; su incidencia sobre un expediente constituye un objeto adicional de prueba. Desde la interpretación sostenida en este trabajo, quien solicita la admisión del acto debe exponer cómo ese acontecimiento impidió cumplirlo dentro del plazo, especialmente cuando el trámite admitía realización a distancia.¹⁶
Esa prueba debe corresponderse con el efecto jurídico que se pretende obtener. La exoneración de responsabilidad por daños se refiere a la imputación del perjuicio al profesional. La excepción del art. 62, inc. c, de la Ley 24.481 se vincula con la conservación de una patente ante la falta de pago. La justificación del no uso marcario opera sobre los presupuestos de su caducidad. La rehabilitación de un derecho necesita una norma que permita atribuir ese resultado al impedimento. Así, la acreditación de un mismo hecho exige un razonamiento específico para cada consecuencia solicitada.¹⁷
Cuando el obstáculo proviene del portal de trámites, el art. 9, inc. c, de la Ley 19.549 aporta un fundamento directamente relacionado con el funcionamiento de la Administración. La norma prohíbe mecanismos que, por sus defectos técnicos o la falta de alternativas, hagan prácticamente imposible una conducta legalmente permitida. Los comprobantes de los intentos de presentación y los registros del incidente permiten demostrar cómo operó esa imposibilidad en el caso. Su conservación desde que se detecta la falla conecta la respuesta práctica del estudio con la prueba que necesitará una futura petición.¹⁷
De este modo, el pedido de recuperación queda referido a una consecuencia determinada y a los hechos que podrían justificarla. La resolución que recaiga sobre él abrirá, a su vez, la cuestión de cómo sostener la pretensión cuando la Administración rechace la subsanación o tenga por producida la pérdida del derecho.
IV. Impugnar la decisión y conservar la posibilidad de revisión
La notificación de una decisión adversa origina un nuevo vencimiento, cuya identificación forma parte de la respuesta al incumplimiento inicial. La vía disponible depende del acto dictado. En patentes, el art. 72 de la Ley 24.481 prevé una apelación administrativa ante el presidente del INPI dentro de treinta días hábiles para los supuestos que comprende. En marcas, los arts. 17 y 21 de la Ley 22.362 distinguen el recurso directo contra las resoluciones sobre oposiciones de la acción judicial contra denegatorias fundadas en otras causas. Los términos especiales de treinta días deben examinarse conforme a esas vías y a su relación con los arts. 25 y 25 bis de la Ley 19.549. El plazo general de ciento ochenta días hábiles judiciales del art. 25 no puede trasladarse automáticamente a los procedimientos especiales.¹⁸
En las oposiciones, esa elección exige atender también al contenido económico de la omisión. El art. 8 del anexo de la Resolución 297/2026 exceptúa las cuestiones de mantenimiento y de pago del arancel de resolución de la restricción de recursos administrativos. Para la decisión final sobre el fondo de la oposición, la reglamentación dispone la interposición judicial electrónica del recurso directo y su comunicación posterior al INPI dentro de veinte días hábiles desde aquella presentación, con los recaudos y aranceles exigidos. La actuación judicial y la comunicación administrativa deben controlarse como actos vinculados, cada uno con sus propias condiciones de cumplimiento.¹⁸
Si también transcurrió el plazo de impugnación administrativa, la denuncia de ilegitimidad ofrece un ámbito de examen sujeto al art. 1 bis, inc. h, de la Ley 19.549 y a su límite temporal de ciento ochenta días desde la notificación. Su presentación carece de efecto automático sobre la reapertura de la instancia judicial. La revisión del art. 100 del reglamento administrativo responde a supuestos específicos, entre ellos la recuperación de documentos decisivos y el fraude comprobado en la tramitación. Por ello, el recurso a estas figuras necesita identificar sus presupuestos en el expediente y el alcance que podría tener una decisión favorable.¹⁹
Durante ese examen debe atenderse a los efectos de la decisión impugnada. Como regla, la interposición de un recurso administrativo deja subsistente su ejecución. La suspensión administrativa y la tutela cautelar judicial necesitan petición y fundamento propios. La conservación del derecho durante la controversia puede depender de ese planteo adicional, sujeto en sede judicial a las reglas aplicables a las medidas frente al Estado. La estrategia de revisión debe abarcar, por tanto, lo que se pide decidir y la situación que se procura preservar hasta ese pronunciamiento.¹⁹
La revisión de la decisión administrativa es una de las situaciones en las que el incumplimiento compromete el acceso a la justicia. El problema también se presenta cuando vence el plazo para promover una acción por infracción o para ejercer una facultad dentro de un proceso ya iniciado.
V. El vencimiento ante la justicia: acceso a la acción y continuidad de la defensa
Cuando la actuación omitida era la promoción de una acción civil por infracción marcaria, el análisis se sitúa en el terreno de la prescripción. La Ley 22.362 establece tres años desde el hecho o un año desde su conocimiento por el titular. Deben reconstruirse el inicio del cómputo y los actos con efectos suspensivos o interruptivos, incluida la mediación cuando resulte aplicable. De esa revisión depende establecer si la acción aparece prescripta y qué fundamento existe para sostener su ejercicio.²⁰
El art. 2550 del CCyC permite al juez dispensar de la prescripción cumplida ante dificultades de hecho o maniobras dolosas que hayan impedido temporalmente accionar, siempre que el titular ejerza su derecho dentro de los seis meses de cesado el obstáculo. La posibilidad de promover una acción aparentemente tardía debe apoyarse en el cómputo acreditado o en los presupuestos concretos de ese instituto. Si se proyecta modificar una demanda ya presentada, corresponde examinar también el alcance subjetivo y objetivo de su efecto interruptivo. Una nueva pretensión contra otro demandado necesita un fundamento propio para beneficiarse de la interrupción. Esa verificación evita atribuir a la demanda inicial efectos que excedan la relación jurídica comprendida en ella.²⁰
En un proceso en curso, la recuperación de una facultad omitida depende del régimen procesal. Los arts. 155 y 157 del CPCCN regulan la perentoriedad y la suspensión o interrupción de plazos por fuerza mayor o causas graves que hagan imposible el acto pendiente. El reconocimiento del error por el abogado permite explicar la situación; la restitución pretendida necesita, además, una causal jurídicamente admisible. La aplicación supletoria de estas disposiciones ante el INPI está sujeta a su compatibilidad con el procedimiento administrativo, conforme al art. 106 del Decreto 1759/72.²¹
La revisión de la notificación vuelve a ser relevante en este ámbito. Un acto inválidamente notificado puede dar lugar a un incidente de nulidad, que requiere acreditar el perjuicio e interponerse dentro de los cinco días desde el conocimiento del acto. Su invocación está vedada a quien causó el vicio. Si se declaró la rebeldía, la comparecencia posterior permite intervenir desde el estado alcanzado por la causa. En cada caso, el profesional debe identificar qué facultades conserva y cuál es el alcance del remedio que solicita.²²
Cuando el régimen lo admite, acompañar el acto omitido permite delimitar el objeto de la petición y mostrar de qué manera podría continuar el procedimiento. La urgencia puede justificar una solicitud de habilitación de días y horas o de tutela cautelar. Las consecuencias económicas de estas actuaciones incluyen las costas que correspondan conforme a las reglas procesales. La decisión sobre el remedio debe considerar ese costo junto con la utilidad que pueda reportar al cliente.²²
La continuidad de la defensa exige, además, evaluar las oportunidades probatorias perdidas. El silencio frente a documentos atribuidos a la parte produce las consecuencias previstas en el art. 356, inc. 1, del CPCCN. La confesión ficta del art. 417 tiene presupuestos propios y queda sujeta a valoración judicial. La incorporación tardía de documentos se limita a las hipótesis admitidas por los arts. 333 a 335. Una omisión de este tipo puede incidir decisivamente en la acreditación del uso de una marca o de los hechos relevantes para una infracción. Esa incidencia explica por qué el resultado de la recuperación debe medirse también por las posibilidades efectivas de sostener la pretensión o la defensa.²³
Al llegar a este punto puede precisarse qué logró conservarse y qué consecuencias permanecen. Esa determinación proporciona la base para examinar el daño y la responsabilidad profesional.
VI. La incidencia de la respuesta posterior en la responsabilidad profesional
El juicio de responsabilidad comienza por la obligación asumida y la diligencia exigible para cumplirla. El art. 1768 del CCyC establece, como regla, un factor subjetivo de atribución para la actividad profesional. La omisión debe relacionarse causalmente con un daño. En consecuencia, la evaluación necesita reconstruir el encargo y la conducta del profesional durante el tiempo disponible para actuar, además del efecto jurídico que finalmente produjo el incumplimiento.²⁴
Esa reconstrucción permite valorar la falta de respuesta del cliente mencionada al comienzo. Debe establecerse qué actuación requería sus instrucciones, cómo fue informado de la necesidad de proporcionarlas y qué podía razonablemente hacer el profesional dentro del encargo recibido. Los recordatorios integran esa prueba. Su significado depende del contenido y de la oportunidad de las comunicaciones, así como de las obligaciones que cada parte había asumido. De allí la importancia de conservar los intercambios originales y evitar conclusiones sobre la atribución del incumplimiento basadas exclusivamente en la fecha vencida.²⁴²
El examen del daño enlaza este análisis con las medidas de recuperación. Si el trámite se conserva, el perjuicio puede quedar limitado a los gastos adicionales y a otras consecuencias efectivamente acreditadas. Si la omisión frustró una oportunidad de obtener o mantener la protección, la pérdida de chance exige valorar la probabilidad seria de alcanzar ese resultado. La pérdida de una prioridad, por ejemplo, obliga a considerar la incidencia de los antecedentes intermedios sobre la protección que podría haberse obtenido. En una omisión probatoria, interesa la relevancia de la prueba para sostener la posición del cliente. Así, los mismos elementos que orientaron el intento de subsanación permiten después determinar el alcance del perjuicio.²⁴
La conducta posterior al descubrimiento participa de esa evaluación. El deber de prevenir o reducir el daño, contemplado en el art. 1710 del CCyC, explica la relevancia de actuar sobre las posibilidades de recuperación todavía disponibles. La comunicación al cliente le permite decidir cómo proceder durante ese período. La ocultación puede privarlo de esa oportunidad y comprometer de manera adicional el deber de información. Por ello, el resultado de un pedido de subsanación y el cumplimiento de los deberes frente al cliente deben examinarse de acuerdo con sus propios presupuestos.²⁴²
La eventual pretensión resarcitoria tiene, en principio, un plazo de tres años, cuyo inicio debe determinarse conforme al art. 2554 del CCyC. La continuidad de la representación carece de efecto suspensivo automático. Este aspecto refuerza la necesidad de que el cliente pueda obtener asesoramiento independiente cuando deba evaluar un reclamo contra su representante. La información sobre el incidente debe facilitar esa decisión y precisar qué consecuencias están comprobadas y cuáles permanecen sujetas a una resolución.²⁴²
La responsabilidad disciplinaria atiende al ejercicio de la profesión y es autónoma respecto de la resarcitoria. La Resolución INPI 348/2025 exige diligencia y secreto profesional, junto con el mantenimiento de la cuenta electrónica donde se reciben las notificaciones. Contempla, además, sanciones por negligencia que perjudique el trámite. Quien ejerce simultáneamente la abogacía queda sujeto al régimen profesional correspondiente. El incidente debe examinarse, por ello, desde el cumplimiento de esos deberes específicos, además de las consecuencias patrimoniales que haya ocasionado.²⁵
La respuesta al vencimiento culmina con una evaluación del modo en que se produjo. Esa revisión permite trasladar lo aprendido del expediente a la organización del trabajo que deberá evitar una nueva omisión.
VII. Del incidente al control de vencimientos
El análisis desarrollado atribuye a la organización del estudio una función jurídica concreta: hacer posible el cumplimiento diligente de los actos encomendados. La información reunida después del incidente debe permitir identificar en qué punto dejó de funcionar el control. Un registro central de vencimientos resulta útil cuando conserva la fuente del cómputo y permite distinguir el término legal del período de gracia y de la fecha interna de trabajo. Esa separación evita que un margen operativo se confunda con una extensión disponible por derecho.
El registro necesita seguimiento hasta que el acto quede cumplido. Las alertas anticipadas deben complementarse con revisiones periódicas de los expedientes pendientes. La revisión por una segunda persona, cuando la organización lo permita, y la previsión de reemplazos reducen la dependencia de la memoria o de la disponibilidad de un único responsable. En los asuntos que dependen de instrucciones del cliente, el seguimiento debe permitir reconocer que la decisión continúa pendiente durante el tiempo restante para actuar.
La tarea se cierra con la comprobación de la presentación y de la correcta imputación del pago al expediente. Las diferencias examinadas en el procedimiento de oposiciones muestran la importancia de controlar ambas constancias. Después de una omisión, preservar los registros originales permite reconstruir lo sucedido y acreditar las medidas adoptadas. Esa documentación sirve para fundamentar la subsanación y para determinar el alcance de la actuación profesional ante un eventual reclamo.
El vencimiento omitido transforma, en definitiva, el contenido inmediato del trabajo profesional. La actuación que debía cumplirse da lugar a una decisión sobre lo que todavía puede conservarse, fundada en el régimen aplicable y en la prueba disponible. Esa decisión debe adoptarse con información al cliente y continuar hasta establecer el resultado de las medidas intentadas. La relación entre recuperación y responsabilidad se explica por esa continuidad: la diligencia posterior influye en el perjuicio que finalmente subsista y permite evaluar cómo fueron protegidos los intereses confiados al profesional desde el momento en que conoció la omisión.
Por ello, resulta recomendable implementar un sistema de docketing, como UniDock, que centralice el seguimiento de expedientes, notificaciones y fechas críticas. Su uso permite reforzar los controles internos y reducir el riesgo de pérdida de vencimientos importantes, sin sustituir la revisión y decisión profesional.
Notas y referencias
¹ Green, Sabrina Lea, «What to Do When You Miss a Litigation Calendar Deadline», American Bar Association, GPSolo, 2/6/2026. El presente trabajo desarrolla el régimen argentino a partir de los problemas tratados por la autora. Normativa consultada al 1/10/2026.
² CCyC, arts. 1324–1325; Res. INPI 348/2025, anexo, arts. 11–12.
³ Ley 17.418, arts. 115–116. Las condiciones de denuncia y cobertura requieren cotejo con la póliza contratada.
⁴ Ley 19.549, art. 1 bis, inc. g; Decreto 1759/72, t.o. 2017, arts. 25 y 40, según Decreto 695/2024.
⁵ CCyC, arts. 2566–2567; CPCCN, art. 155; Ley 19.549, art. 1 bis, incs. j y k.
⁶ Res. INPI 123/2019, anexo, arts. 3–4; Decreto-ley 6673/1963, art. 11, según Ley 27.444; Ley 24.481, t.o. 1996 y modificatorias, arts. 27 y 62, inc. c; Ley 22.362, art. 26.
⁷ Convenio de París, arts. 4, apartados C y D, y 5 bis, aprobado por Ley 22.195.
⁸ Ley 22.362, arts. 13 y 24; Res. INPI 583/2025, arts. 1–4 (B.O. 11/12/2025). El examen a instancia de parte comprende los incs. b, d, h e i del art. 3 de la ley.
⁹ Res. INPI 297/2026, arts. 3–4 (B.O. 10/8/2026); anexo IF-2026-76043371-APN-DNM#INPI, arts. 1–2.
¹⁰ Res. INPI 297/2026, anexo, art. 7; Ley 19.549, art. 1 bis, inc. g, apartado vii. La objeción de jerarquía normativa expresa la interpretación sostenida en este trabajo.
¹¹ Res. INPI 297/2026, anexo, art. 6: interrupción de treinta días hábiles, por única vez, con acreditación del inicio del mecanismo alternativo.
¹² Res. INPI 297/2026, anexo, art. 4; Bruchou & Funes de Rioja, «Nuevo reglamento para la resolución administrativa de oposiciones marcarias — Resolución INPI 297/2026», 12/8/2026.
¹³ Ley 19.549, arts. 1, 1 bis y 2, según Ley 27.742; Decreto 1759/72, t.o. 2017 y modificatorias.
¹⁴ CNCiv. y Com. Fed., Sala II, «Apple Inc. c/ INPI s/ denegatoria de registro», 1/8/2017, MJJ107925. «Frito Lay North America Inc. c/ INPI», causa 11.623/2008 y acumuladas, 15/5/2012, se cita a través de la reseña del voto concurrente de Gusman en «Apple».
¹⁵ CCyC, arts. 1730 y 1733–1734.
¹⁶ Quadrio, Iris; Bensadon, Martín; Hoss, Eugenio; Pérez Junqueira, María Cecilia, «COVID-19 y fuerza mayor en los trámites administrativos ante el INPI», Abogados.com.ar, 21/4/2020.
¹⁷ Ley 24.481, art. 62, inc. c; Ley 22.362, art. 26; Ley 19.549, art. 9, inc. c.
¹⁸ Ley 24.481, art. 72; Ley 22.362, arts. 17 y 21; Ley 19.549, arts. 25 y 25 bis; Res. INPI 297/2026, anexo, arts. 8 y 10, con remisión a la Acordada CSJN 12/2020, anexo, art. 6.
¹⁹ Ley 19.549, arts. 1 bis, inc. h, y 12; Decreto 1759/72, art. 100. Para medidas cautelares frente al Estado, Ley 26.854, arts. 1 y 13.
²⁰ Ley 22.362, art. 36; CCyC, arts. 2541–2542, 2546–2547 y 2549–2550; CPCCN, art. 331.
²¹ CPCCN, arts. 155 y 157; Decreto 1759/72, art. 106.
²² CPCCN, arts. 59–64, 68–69, 153 y 169–172.
²³ CPCCN, arts. 333–335, 356, inc. 1, y 417.
²⁴ CCyC, arts. 1710, 1724–1726, 1738–1739, 1768, 2554 y 2561.
²⁵ Res. INPI 348/2025, anexo, arts. 11 y 13–16 (B.O. 25/6/2025), que derogó la Res. 164/2021.